SD. El Gobierno desarrolla una estrategia para reformar el sector eléctrico que incluye ajustes de tarifas y aplicación de un sistema tarifario más flexible para cubrir los costos de generación y distribución de electricidad.
Asimismo, se propone aumentar el gasto social y priorizar el público, debido a que se han creado presiones sobre los pobres y desempleados. También, los gastos del Gobierno Central en sueldos y salarios se reducirían (no especifica cuándo) luego de alcanzar 4% del PIB en el 2009.
Así lo exponen las autoridades dominicanas en la carta de intención a Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la que señalan que la estrategia para el sector eléctrico se desarrolla en colaboración con los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID).
La estrategia incluye además, eliminación gradual del subsidio eléctrico generalizado antes del 2012 y focalizarlos a los pobres, reducir pérdidas técnicas y mejorar medición para disminuir el robo de energía.
También abarca el mejoramiento de la gestión de las empresas de distribución, creación de fondo fiduciario especial para aplicar los pagos del Gobierno a empresas de generación y distribución, aplicación de auditoría externa de finanzas de las empresas estatales de distribución y de la unidad corporativa, y desarrollar un plan para invertir en una nueva capacidad de generación y distribución.
Además, el Gobierno indica que no tiene atrasos externos y normalizará todos los atrasos de pago internos, incluidos los que tiene con los generadores de electricidad, usando mecanismos financieros disponibles, antes de finalizar el año.
Las transferencias a la compañía de electricidad serían limitadas reduciéndose de 2.7% del PIB en el 2008, a 1.1% del PIB en el 2009 y no más 0.8% del PIB en el 2010. Esto permitiría incrementar los gastos de capital a 4% del PIB en 2009 y 5% en el año 2010, con la finalidad de impulsar proyectos de infraestructura y aumentar las transferencias para el gasto social prioritario.
Hidrocarburos
El Gobierno aspira a mejorar la administración tributaria en los años 2009 y 2010, vía la racionalización y eficientización de las Leyes 112-00 sobre Hidrocarburos y 557-05, en su artículo 23, que crea el impuesto selectivo ad-valorem a los hidrocarburos para mejorar los procesos de recaudo, transparentar el cálculo del precio de paridad, racionalizar exenciones y traspasar la administración del impuesto a la DGII hasta que se apruebe la nueva ley.
Se estima que este cambio incidiría en un incremento de los ingresos tributarios de 0.2% del PIB. También introducirían las impresoras fiscales para registrar el valor de las transacciones de efectivo en supermercados y otros lugares de ventas minoristas, para mejorar la eficiencia y la eficacia de las recaudaciones.
Asimismo, se revisaría las legislaciones que incluyan exenciones tributarias con el fin de eliminar esos esquemas que no satisfacen el objetivo de la legislación.
Financiamiento
La aplicación de la expansión fiscal 2009 se traducirá en una necesidad de financiamiento bruto del sector público de US$2,800 millones o un 6% del PIB, unos US$700 millones superiores a lo previsto en el presupuesto para 2009.
El grueso del financiamiento multilateral para el 2009, son US$350 millones del Banco Mundial (BM), US$450 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$300 millones de recursos del FMI para el presupuesto, y US$240 millones de Petrocaribe y US$550 millones de financiamiento de proyectos de inversión pública, procediendo el resto de préstamos de bancos locales y del mercado de bonos interno.
Para 2010, el programa prevé el financiamiento bruto del sector público de US$2,600 millones, 5.5% del PIB, y estaría garantizada con recursos multilaterales y financiamiento del sector privado.
El financiamiento en 2010 será de proyectos con entre US$700 millones y US$800 millones, y US$550 millones en apoyo al presupuesto (US$250 millones del BID, US$150 millones del BM y US$150 millones del FMI), y se esperan US$100 millones de los ingresos por venta de activos públicos. También se colocará un bono en los mercados internacionales por entre US$500 millones y 600 millones.
El Gobierno planea someter al Congreso un conjunto limitado de enmiendas a la Ley de recapitalización del Banco Central, incluyendo ajustes técnicos y la prolongación del período de recapitalización de 10 a 15 años, para un calendario menos oneroso.
Pobreza y Solidaridad
El Gobierno incrementará la cobertura del programa de transferencias condicionadas para incluir a 70,000 familias adicionales que viven en extrema pobreza en diciembre de este año y aumentará los pagos a más de 45,000 familias que ya están cubiertas. Asimismo, aumentará el gasto en educación y salud en 0.75% del PIB real durante 2010-12 con el fin de aumentar la cobertura de salud pública e a desempleados y pobres, fortalecer los servicios de medicina preventiva y aumentar el número de aulas.
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